
Carece de regulación por una autoridad financiera de renombre, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad y la transparencia de sus operaciones.

Las prácticas comerciales pueden ser vistas como especulativas y potencialmente perjudiciales para los recursos hídricos locales y las comunidades.

Ha enfrentado desafíos legales y críticas por su enfoque en la adquisición y gestión de derechos de agua, lo que ha llevado a la desconfianza entre los residentes de las áreas afectadas.